El procurador general de Ecuador visitó la Ciudad de Washington para interiorizarse de la marcha de varios procesos y controversias que el Estado de Ecuador enfrenta con empresas multinacionales. En esta entrevista exclusiva con Revista Competencia, repasa el estado de cada uno de los casos y resume la estrategia del Gobierno para responder a las demandas y salvaguardar la relación entre los Estados.

¿Podría describirnos brevemente cuáles son las siete demandas que Chevron presentó contra la República del Ecuador en las Cortes nacionales entre 1991 y 1994, que no han sido resueltas, y constituyen una supuesta violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones?
Estos siete procesos judiciales se refieren a controversias por la interpretación del contrato entre TEXACO y la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE de 1973, así como respecto de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos del Ecuador.
Algunos de estos procesos fueron resueltos o declarados en abandono por la inacción de la empresa TEXACO, lo que demuestra que el reclamo de CHEVRON TEXACO es improcedente, que no existe responsabilidad del Estado Ecuatoriano por acciones intencionales o negligentes que hayan significado denegación de justicia por demoras o resoluciones equivocadas, en términos que pudieran dar lugar a una violación del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre los Estados Unidos de América y el Ecuador.

¿Por qué entonces CHEVRON TEXACO se encuentra impulsando el proceso arbitral por denegación de justicia en contra del Ecuador?
Para la defensa del Estado Ecuatoriano, a cargo de la Procuraduría General, detrás de ésta y otras acciones judiciales planteadas o anunciadas por CHEVRON TEXACO en contra de Ecuador, subyace una estrategia dirigida a vincular al Estado Ecuatoriano al proceso judicial que por daños ambientales fue iniciado por comunidades indígenas de la amazonía ecuatoriana en contra de la compañía; y lograr que el Ecuador asuma una responsabilidad respecto de las posibles indemnizaciones a las que CHEVRON TEXACO pudiere ser condenada a pagar.

¿Puede esta situación debilitar las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Ecuador?
Esta controversia no tiene porqué afectar las relaciones entre los dos países, porque no envuelve los intereses de los dos estados, si no entre una empresa privada y un Estado, cuya solución sigue el curso de un arbitraje, es decir, se rige por conforme a un proceso en derecho. Sin embargo, es evidente que CHEVRON TEXACO pretende utilizar a la administración de los Estados Unidos de América en perjuicio de Ecuador, particularmente por las constantes acciones dirigidas a afectar la vigencia de las preferencias arancelarias andinas al Ecuador.

¿Cómo define el estado actual y el clima de inversiones en el Ecuador?
Desde el punto de vista legal, que es al que yo me puedo referir, Ecuador tiene un marco regulatorio claro para las inversiones y lo único que exige es el cumplimiento de la ley, que busca un equilibrio en los beneficios para las partes. Todo esto bajo un estado de derecho, que se rige bajo el imperio de la ley. Ecuador se ha sometido a los procedimientos legales y convencionales previstos para la ejecución o terminación de los contratos, ha acatado las resoluciones judiciales o arbitrales, lo que evidencia su sometimiento al marco de la ley y el derecho. Eso es en definitiva lo que podemos aportar, para la seguridad del inversionista extranjero.

Respecto de otra causa que es motivo de preocupación tanto de ecuatorianos como de norteamericanos: ¿Cuál es la demanda que comunidades indígenas ecuatorianas presentaron contra la empresa por daños al medio ambiente? La demanda en contra de CHEVRON TEXACO fue iniciada por indígenas de la Amazonía Ecuatoriana por los daños que ellos aseveran les causó la operación de Texaco en el Ecuador, es decir, es una demanda entre partes privadas, de la cual el Estado Ecuatoriano no es parte procesal. Sin embargo es claro que CHEVRON TEXACO pretende vincular al Estado en este proceso con el fin de trasladarle responsabilidades, que por supuesto, no las tiene.

¿En qué situación de las conversaciones se encuentra la negociación con las petroleras para cambiar sus contratos de participación a prestación de servicios? Las conversaciones y negociaciones sobre los contratos petroleros son manejadas en nuestro país por el Ministerio de Minas y Petróleos, de manera que no estoy en capacidad de precisar el estado actual de todas estas conversaciones. Sin embargo, de lo que sí conozco por la participación de la Procuraduría General del Estado, existen casos como el de la empresa brasilera PETROBRAS y el de la española argentina REPSOL YPF, en las que ya se han firmado convenios transitorios, para el período de un año durante el que se continuarán las negociaciones para definir si se pasa finalmente al contrato de prestación de servicios.
Ecuador viene realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo similar con la empresa francesa PERENCO, pero no se ha logrado un acuerdo hasta el momento.

En el caso de la petrolera hispanoargentina Repsol YPF, ¿han avanzado las conversaciones para tratar de terminar un arbitraje en marcha en tribunales internacionales?
El arbitraje se ha iniciado y se está tramitando de conformidad con las directrices del Tribunal Arbitral CIADI (ICSID) que conoce el caso. Como parte del acuerdo transitorio alcanzado entre la compañía y el Gobierno del Ecuador, que se suscribió el 12 de marzo de este mismo año, REPSOL retirará la demanda arbitral una vez firmado el nuevo contrato de prestación de servicios que actualmente se está negociando. Mientras tanto, REPSOL se ha comprometido a no impulsar el proceso arbitral.