De los 11 programas ambientales que existen en Argentina, ninguno está en funcionamiento por falta de financiación. Entre las áreas designadas para ejecutar el Protocolo de Kyoto, una no elaboró una estrategia nacional para reducir los gases que provocan el efecto invernadero y otra no opera porque el decreto que la creó nunca fue reglamentado.

Así lo informó la Asociación de los Organismos de Control (APOC) sobre la base de un informe elaborado por Auditoría General de la Nación (AGN). A pesar que la Argentina adhirió a los dos tratados más importantes en materia de cuidado del medio ambiente, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático en diciembre de 1993 y el Protocolo de Kyoto en junio de 2001, la AGN detectó una “escasa implementación de las acciones previstas” para reglamentar y cumplir esos tratados, convertidos en leyes por el Congreso Nacional.
El proceso de cambio climático está relacionado con el aumento en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, como el dióxido y monóxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, liberados por la quema de combustibles fósiles, algunos procesos industriales y los depósitos de residuos urbanos. Estos cambios pueden aumentar la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones, además de la retracción de glaciares y la extinción de especies.
El Protocolo de Kyoto, Ley 25.438, había pautado tres mecanismos para garantizar la reducción de los gases que causan el efecto invernadero que en la Argentina tuvieron su correlato en las áreas de la Secretaría de Ambiente que examinó la AGN: la Unidad de Cambio Climático, la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio y el Fondo Argentino del Carbono, creado por el decreto 1070/05 que nunca fue reglamentado.
Según el organismo de control, la Unidad de Cambio Climático no elaboró la estrategia nacional sobre la materia que estaba prevista en las resoluciones que le dieron forma. Esta Unidad fue creada por la Ley 24.295 de 1993, y nueve años después se designó por decreto a Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley. La AGN destaca que, “si bien se realizaron acciones en los principales ejes temáticos, no se encontró evidencia de mecanismos formales (documentación) de coordinación entre la Unidad y las dependencias de la administración pública relacionadas con la problemática, la comunidad académica o los sectores productivos”, de hecho, “no se denieron prioridades nacionales para la reducción de emisiones (de gases) por sector”.
El plan de acciones de la Unidad de Cambio Climático para el período 2003-2007 preveía la elaboración de un inventario de estudios científicos sobre cambio climático en el ámbito nacional. Estos datos debían figurar en una página web, básicamente, para que el Estado no pagara por trabajos que ya se hayan hecho antes, pero el listado nunca se completó.